Buenos días,

De a poco vuelvo a dejar que el espíritu de la época se filtre en las noticias que traigo, así como hace poco volví a una sobre Ucrania, hoy voy con una sobre Gaza. Además, si bien lo de Meta podría pensarse como política local, ahí vemos una de las complejidades de todo esto: las ramificaciones de ciertas medidas que -hoy locales- mañana se vuelven globales.

Primero que nada, necesito dar algo de contexto. De forma muy abreviada, en los Estados Unidos existen las PAC: Political Action Committee. Estas son organizaciones fundadas con el fin de involucrarse con ciertas elecciones y alentar o desalentar la adopción de ciertas leyes. 

Dicho esto, Meta anunció la creación de un súper PAC en California llamado “Mobilizing Economic Transformation Across California”, con el que planea gastar decenas de millones de dólares para apoyar a candidatos estatales y legislativos que promuevan una regulación más laxa sobre la inteligencia artificial. El movimiento busca influir directamente en la agenda política de Sacramento de cara a la elección de gobernador de 2026.

La iniciativa representa un salto cualitativo en la estrategia política de Silicon Valley. Hasta ahora, las grandes tecnológicas habían financiado campañas de manera más fragmentada, pero Meta apuesta a un instrumento de peso, capaz de moldear el debate sobre innovación, trabajo y regulación tecnológica. La compañía enmarca su postura en la necesidad de “acelerar la transformación económica” a través de la IA, argumentando que una supervisión excesiva podría frenar la competitividad de California frente a otros centros globales de innovación.

Críticos sostienen que se trata de un intento de capturar el proceso regulatorio, consolidando el poder de las grandes plataformas sobre un sector en rápida expansión. La creación del súper PAC abre un nuevo capítulo en la relación entre tecnología y política en EE.UU., con el potencial de influir no solo en elecciones locales, sino también en cómo los estados definen el equilibrio entre desarrollo tecnológico y control público.

La semana pasada, una amplia coalición internacional encabezada por el FBI y agencias de ciberseguridad de EE.UU., Canadá, Alemania, Japón y Nueva Zelanda denunció una campaña de ciberespionaje a escala global atribuida a Salt Typhoon, un grupo vinculado al gobierno chino. Según la investigación, los atacantes infiltraron redes de telecomunicaciones en más de 80 países, accedieron a más de un millón de registros de llamadas y comprometieron incluso sistemas judiciales estadounidenses utilizados para escuchas autorizadas.

El alcance es inédito: empresas como Verizon, AT&T y T-Mobile figuran entre las afectadas, pero el ataque también apuntó a sectores de transporte, defensa y hotelería. El informe identifica a tres compañías chinas —Sichuan Juxinhe, Beijing Huanyu Tianqiong y Sichuan Zhixin Ruijie— como facilitadoras de la operación; la primera ya ha sido sancionada por Washington.

El modus operandi fue directo: manipular routers y equipos de red para mantener acceso persistente a infraestructuras críticas. Expertos lo describen como uno de los episodios de espionaje digital “más graves en la historia reciente”. 

La reacción política también es significativa. Que tantos aliados occidentales se sumen a la acusación refuerza la idea de que la ciberseguridad se ha convertido en un eje central de la competencia geopolítica con China, en un escenario que recuerda cada vez más a una guerra fría digital.

Esta semana fue la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Copenhague, y quedó en evidencia la fragilidad de la política exterior común del bloque. El tema sobre la mesa: cómo responder al conflicto en Gaza y, en particular, a la ofensiva israelí.

Mientras países como Irlanda, España, Países Bajos y Suecia empujaron por sanciones más severas contra Israel, incluso barajando la suspensión del acuerdo de libre comercio, otros —entre ellos Alemania, Hungría y República Checa— se opusieron tajantemente. Estos últimos argumentaron que medidas de ese tipo dañarían áreas sensibles como la cooperación científica o proyectos civiles, y reforzaron la idea de que el bloque no debe actuar de forma “punitiva” sin un consenso más amplio.

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, admitió que la falta de acuerdo “erosiona la voz global” de Europa en un momento en que la región busca proyectarse como mediador en Medio Oriente. Para muchos analistas, la división refleja no solo sensibilidades diplomáticas distintas, sino también la presión de la política interna en cada Estado miembro.